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Violencia contra la mujer salud y vida en juegoLeer más
La violencia contra la mujer consiste en la práctica de actos que violentan los derechos básicos de toda mujer, es decir, que es una acción u omisión ejercida por una o varias personas en donde se somete de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad tanto físico como psicológica de las mujeres; lo cual tiene consecuencias devastadoras para las féminas que lo sufren, deslegitima a los estados que no la impiden y empobrece a las sociedades que la toleran, es conocida también como violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia doméstica, violencia sexista etc. El Decreto 69-94 del Congreso de la República de Guatemala aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) la cual fue ratificada el 5 de enero de 1995 indicando en el artículo 1º. que: “…debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como privado”.
El sufragio, un derecho y un deber político inherente a la ciudadanía guatemaltecaLeer más
La primera regulación, en materia electoral en Guatemala se dio en 1981 con la Ley Reglamentaria de Elecciones, contenida en el Decreto Gubernativo número 403, la que abordó los primeros actos electorales, mismos que conocían las autoridades municipales encargadas de la votación, luego fue objeto de reformas y posteriormente fue sustituido por la Ley Electoral normada en el Decreto número 1738 de la Asamblea Nacional Legislativa, durante la gestión gubernativa del General Jorge Ubico; de esa época hasta ahora, son varios los Decretos que anteceden a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Decreto-Ley número 1-85 la cual está vigente desde el catorce de enero de 1986 y que regula todo lo concerniente al ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, los derechos y obligaciones de las organizaciones políticas y órganos electorales, así como todo lo relativo al proceso electoral.
